Nuevo revés para los desalojos: el Senado bloquea los juicios rápidos contra los okupas

España ha sufrido un nuevo revés en su lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. El Senado ha vetado una ley que agilizaba los desalojos de viviendas ocupadas, enviando la legislación de vuelta al Congreso para su deliberación. Hemos escrito ya sobre esta modificación de la ley que suponia un paso adelante en la lucha contra los okupas en España. 

Originalmente, el Congreso aprobó una ley en noviembre que permitía la expulsión rápida de los okupas. Sin embargo, el Partido Popular, con mayoría en el Senado, ha vetado la medida. Según el partido, la ley estaba mal redactada e incluía numerosas enmiendas no relacionadas.

El objetivo principal de la ley rechazada era agilizar el proceso legal en casos de allanamiento de morada y usurpación. Al modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el gobierno pretendía reducir el tiempo necesario para resolver estos casos de meses a pocas semanas. Esto habría permitido a los jueces emitir órdenes de desalojo mucho más rápidamente.

Es importante destacar que la legislación bloqueada abarcaba más que solo reformas relacionadas con la ocupación. El proyecto de ley también incluía disposiciones para poner fin al programa de la Golden Visa y realizar cambios en las leyes laborales. La decisión del Senado de rechazar todo el paquete se vio influenciada por estas medidas adicionales.

Hay una diferencia significativa entre el allanamiento de morada y la usurpación bajo la ley española:

• Allanamiento de morada: Se refiere a entrar por la fuerza en la residencia principal o secundaria de alguien. Se considera un delito más grave y las autoridades pueden intervenir rápidamente, especialmente si los okupas han estado presentes durante menos de 48 horas.
• Usurpación: Por lo general, implica ocupar una propiedad que no es la residencia principal o secundaria de alguien. Si bien sigue siendo ilegal, generalmente se considera un delito menos grave y los desalojos suelen requerir una orden judicial.

El veto del Senado significa que los propietarios que enfrentan ocupación ilegal probablemente continuarán experimentando procesos legales prolongados. Además, la agenda legislativa más amplia, incluidas las reformas laborales y las políticas de inmigración, también enfrentarán retrasos a medida que los legisladores regresen a la mesa de dibujo.